LA CORRUPCIÓN EN LAS
REGIONES
Por Ing. Eduardo Riqueros Raygada
La corrupción en las regiones del Perú se ha convertido en un problema persistente que afecta directamente la calidad de los servicios y la confianza ciudadana. Diversas investigaciones muestran que, en varias regiones, se han consolidado redes que operan en las contrataciones de obras públicas, aprovechando vacíos de control y debilidades institucionales. En algunos departamentos, como Cusco, Ayacucho, Piura, Moquegua y Madre de Dios, se han identificado patrones repetitivos de irregularidades, muchas de ellas vinculadas a obras sobrevaloradas, contrataciones direccionadas y uso indebido de recursos públicos .
Este fenómeno se agrava porque, gestión tras gestión, dichas redes pueden mantenerse activas, especialmente cuando no existen mecanismos sólidos de fiscalización o cuando las élites políticas locales se articulan con intereses empresariales que financian campañas electorales a cambio de futuros beneficios. La evidencia disponible señala que prácticamente todos los gobiernos regionales han enfrentado investigaciones por corrupción, lo que demuestra un problema estructural más que episódico. Esta situación afecta directamente la legitimidad del proceso de descentralización, generando obras paralizadas, pérdidas económicas significativas y una creciente desconfianza ciudadana .
Para prevenir la corrupción en los gobiernos regionales y municipalidades, es indispensable fortalecer los sistemas de control interno y la transparencia en cada etapa del ciclo de inversión pública. Documentos especializados subrayan la necesidad de digitalizar procedimientos, mejorar la trazabilidad del gasto y fortalecer sistemas como Invierte.pe, que aún presentan vulnerabilidades, cuando no se aplican de forma rigurosa o cuando la información no se publica de manera oportuna. La automatización de procesos, la publicación de expedientes técnicos y el uso de tecnologías para el análisis de datos pueden reducir significativamente las oportunidades de manipulación o direccionamiento de contratos .
Finalmente, la
prevención también requiere voluntad política y participación ciudadana activa.
Es fundamental que los gobernadores regionales y alcaldes o los que quieren ser
autoridades, conformen equipos técnicos preparados y con trayectoria íntegra,
que transparenten las agendas y las contrataciones, y que impulsen mecanismos
de vigilancia ciudadana, control concurrente y sancionador de la Contraloría.
Complementariamente, la formación ética en escuelas, universidades e
instituciones públicas contribuye a construir una cultura de integridad que
reduzca la tolerancia social hacia prácticas corruptas y que los que postulen a
cargos públicos no tengan procesos penales pendientes con el Estado. La lucha
contra la corrupción es un proceso de largo plazo, pero con instituciones
sólidas, transparencia y ciudadanía vigilante es posible reducirla de manera
efectiva .
