Paramos la corrupción o..? Por Ing. Eduardo Riqueros Raygada La corrupción afecta la confianza ciudadana y la calidad de los servicios públicos, como se aprecia en diversos estudios, este fenómeno ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad, llegando incluso a naturalizarse en algunas regiones . Las consecuencias se sienten en obras paralizadas, pérdida de recursos, debilitamiento de la institucionalidad y; sobre todo, en la percepción de que las autoridades no cumplen con su deber de servir al pueblo que los eligió. Frente a ello, es necesario la adopción de medidas como modernizar, transparentar y automatizar completamente el sistema de inversión pública Invierte.pe. , de tal manera que los procesos digitalizados y trazables eliminen riesgos de corrupción en cada paso del proceso. Como se señala en los estudios sobre corrupción, los sistemas administrativos vulnerables facilitan la aparición de prácticas irregulares y reducen la eficiencia estatal . La automatización, en cada uno de los pasos, el estudio inicial pasando por la formulación de expedientes técnicos, la selección de proveedores hasta la supervisión concurrente, durante todo el proceso, permitiría mayor transparencia, control en tiempo real y reducción del contacto directo entre funcionarios y proveedores, todo ello con el apoyo de la tecnología que existe. Un problema que agrava esta situación es la normalización de la corrupción, los actos como “arreglos”, sobornos menores o favoritismos se perciben como parte de la vida cotidiana. Esta tolerancia social crea un clima donde la corrupción se reproduce y se vuelve más sofisticada, como lo muestran algunas regiones o municipalidades, donde se mantienen autoridades corruptas “gestión tras gestión” en algunas zonas del país . Cuando la ciudadanía ve estas prácticas como inevitables, pierde la capacidad de indignarse y exigir transparencia, debilitando así la cultura de integridad pública. Por ello, en nuestro país se necesita con urgencia parar la corrupción, con el planteamiento de políticas públicas integrales. Ello implica la dación de dispositivos legales y administrativos, que permitan la transparencia en la inversión publica. Además de ello, se necesita fortalecer la acción punitiva de la Contraloría, profesionalizar el servicio civil, garantizar procesos judiciales rápidos y proteger a quienes denuncian actos irregulares. También se requiere del impulso de la educación ética desde las escuelas, participación ciudadana vigilante, y reformas que aseguren la transparencia en la contratación pública y el financiamiento político. Como indican diversos análisis, solo con instituciones fuertes, controles efectivos y una ciudadanía comprometida, es posible romper el círculo de la corrupción y construir un Estado al servicio de todos .
