UNA AGENDA PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN
Por Ing. Eduardo Riqueros Raygada
La corrupción constituye uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú, la misma que afecta la legitimidad del Estado, la eficiencia en la gestión pública y la confianza ciudadana. El pueblo lo aprecia como: abuso de poder, violación de normas y afectación del bien común, las que se traducen en delitos como peculado, colusión, cohecho y malversación, en los estudios realizados, su avance ha sido constante durante las últimas décadas, y hoy se reconoce como uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional, regional y municipal.
En las regiones, la situación es particularmente compleja. Las investigaciones muestran que la descentralización, si bien ha acercado la gestión pública a las necesidades locales, también ha abierto espacios para redes de corrupción que operan en diferentes aspectos: contrataciones de obras, designación de funcionarios y manejo presupuestal, etc. En Informes recientes se indica que en casi todos los gobiernos regionales existen investigaciones por delitos de corrupción, y que en varias zonas las mismas redes se mantienen gestión tras gestión, afectando gravemente la confianza y la eficacia gubernamental. En varias regiones se ven obras paralizadas, procesos de selección manipulados y débil fiscalización institucional .
Para enfrentar este problema de manera sostenible se requiere una estrategia integral, que permita fortalecer la institucionalidad, garantizar controles internos sólidos, digitalizar procesos para reducir discrecionalidad, profesionalizar el servicio público y promover una cultura de integridad. La transparencia activa, el acceso a la información, la meritocracia y la vigilancia ciudadana son elementos clave, necesitamos reforzar el sistema de justicia, acelerar procesos, asegurar la independencia de fiscalías, y mejorar los mecanismos de protección a denunciantes, no menos importante es la formación ética desde la escuela y la promoción de una ciudadanía que rechace la corrupción cotidiana en todas sus formas .
Finalmente, la lucha
anticorrupción debe apoyarse en un marco robusto de dispositivos legales y
administrativos. El Perú necesita desarrollar un conjunto de normas para
regular las contrataciones públicas y mejorar la supervisión estatal, como la
Ley de Contrataciones del Estado, la actuación de la Contraloría que debe ser
conjunta con la fiscalia, el fortalecimiento y transparencia del Sistema de
Inversión pública (Invierte.pe ) y
la incorporación de controles previos, concurrentes y posteriores. La evolución
de la normativa desde sistemas dispersos hacia marcos integrados y supervisados
por organismos como el OSCE, debe garantizar mayor transparencia y trazabilidad
en la ejecución de obras y servicios públicos.
Sin embargo, necesitamos
que estas herramientas sean efectivas y se apliquen con rigor, modernizándose
constantemente, y se articulen con mecanismos de participación ciudadana
y control social; demás esta decirlo, que no podemos seguir permitiendo que la
corrupción crezca, tenemos que ponerla en la Agenda del ahora.
